Código de Planeamiento Urbano
[CPU] y Evaluación de Impacto Ambiental [EIA]
El actual Código de Planeamiento Urbano [CPU] de la Ciudad de Bs
As tiene su origen en el promulgado en 1977 por el entonces
intendente de la dictadura, Andrés Cacciatore.
Luego, en épocas de gobiernos electos (décadas de 1980/90), las
excepciones aprobadas por el ex Concejo Deliberante -autorizando
la construcción de mayor superficie cubierta- empeoraron la
situación y tomaron el carácter de escandalosas. Como
consecuencia de esas “excepciones” y otras modificaciones, el
CPU se convirtió en un mamarracho, anotándose las sucesivas
reformas en un “plano maestro” de la Ciudad, el cual finalmente
desapareció.
La acción de los vecinos porteños en oposición a la
proliferación indiscriminada de edificios en altura de perímetro
libre (torres), puso al descubierto la política urbana
implementada a partir de agosto de 2000 –continuadora de la
política de los años 70, 80 y 90- cuando la entonces imparable
ALIANZA, junto con importantes sectores del PJ porteño,
aprobaban en la Legislatura de la Ciudad la Ley Nº 449 de
modificación del Código de Planeamiento Urbano [CPU] y la Ley Nº
452 modificatoria de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental [EIA]. Esto se llevaba a cabo en el marco de una
maratónica sesión en la que fueron aprobadas 144 leyes en 48
horas (2/8/2000), aprovechando la mayoría existente en la
Legislatura ante la próxima asunción de Aníbal Ibarra como Jefe
de Gobierno (6/8/2000).
La sanción de este Código había sido rechazada por la abrumadora
mayoría de los vecinos y ONGs participantes en dos Audiencias
Públicas celebradas en la Ciudad: el 12/11/1997 y -la más
importante- entre el 8 y el 15/6/1999, en las cuales
participaron entidades miembros de la Asamblea Permanente por
los Espacios Verdes Urbanos [APEVU] con una posición crítica,
exigiendo la Evaluación de Impacto Ambiental [EIA] para las
modificaciones propuestas. Esto significaría el conocimiento de
los efectos que tendría sobre la Ciudad la aplicación del Código
modificado; también se propuso que las tierras nacionales
ubicadas dentro de la Ciudad fueran destinadas a espacios verdes
públicos, previa rezonificación como Distrito Urbanización
Parque [UP].
La modificación del CPU aprobada finalmente por la Legislatura,
implicó un aumento notable de la capacidad constructiva en la
mayor parte de la Ciudad y la resignación de condiciones de vida
mínimamente aceptables para los habitantes de futuras viviendas:
ambientes más pequeños, menos aire y menos luz; también quedó
formalizada la posibilidad de una normativa especial para
construir en lotes de más de 2.500 m2.
Asimismo, la modificación de la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental,
con la aprobación de su modificatoria -Ley Nº 452- dejó
liberados los edificios dedicados a vivienda sin importar la
superficie a construir.
Sintetizando: a partir de agosto de 2000 en Buenos Aires se
comenzaba a construir con normativa a medida sobre lotes de más
de 2.500 m2 de superficie y sin ningún tipo de Evaluación de
Impacto Ambiental [EIA], mediante la simple aprobación de planos
por funcionarios de tercera línea. Esta operatoria fue la
resultante del acuerdo entre los grandes inversores
inmobiliarios, los grupos políticos mayoritarios del momento y
la representación corporativa de los profesionales de la
construcción (los mismos que ahora protestan por la suspensión
de permisos de obra).
Infraestructura colapsada
La proliferación indiscriminada de edificios en altura no sólo
pone en peligro de colapso la infraestructura de servicios de la
ciudad, sino también la provisión de agua potable a millones de
personas en la zona del acuífero Puelche, perforado y con sus
aguas contaminadas por las bases de las torres construidas sobre
la costa (Puerto Madero, Centro, Retiro, Recoleta, Palermo,
Belgrano, Núñez); esas mismas bases obstruyen el normal
escurrimiento de las aguas de lluvia hacia el río a través de la
primera napa de agua -efecto conocido como endicamiento de la
napa freática- constituyéndose en factor determinante de
inundaciones.
Asimismo, la red cloacal está colapsada desde hace más de veinte
años: los cinco arroyos entubados que atraviesan la ciudad
–utilizados originalmente como desagües pluviales- son desde
entonces emisores directos de efluentes cloacales e industriales
que desagotan "en crudo" en nuestra costanera, aumentando de
esta forma la contaminación del estuario. Recordemos que, debido
a la deficiente calidad de las aguas, está prohibido bañarse
desde 1976 (OM Nº 32.716 por la cual se declaró la “emergencia
sanitaria”).
También está colapsada desde hace años la red de tránsito y
polucionado el aire que respiramos: el actual sistema de
autopistas aporta más de un millón de vehículos diarios que
arriban y egresan del centro porteño; sumados al millón propio
de la Ciudad, configuran un caos diario en el que casi 6
millones de personas y dos millones de vehículos se desplazan
conformando un verdadero infierno por las emanaciones tóxicas y
los ruidos que superan todos los estándares tolerables. No se
puede trabajar, ni siquiera vivir con una ventana abierta a la
calle; los diálogos en la vereda son casi imposibles.
No obstante, los grandes inversores de capitales desconocidos
-asociados con funcionarios, cámaras empresariales y
corporaciones profesionales que viven de la construcción y de la
especulación inmobiliaria- pretenden continuar agravando este
cuadro de situación; van por más, y sin siquiera respetar la
mínima normativa existente, conseguida por ellos mismos mediante
“lobbys” y presiones de todo tipo. Tal, por ejemplo: el caso de
la ampliación del Aeroparque Jorge Newbery sobre tierras
públicas adyacentes y con un nuevo relleno costero; el “permiso”
dado para la construcción de un estadio para 9.000 personas en
Distrito Urbanización Parque en la zona más caótica de Buenos
Aires (el predio ocupado por la Sociedad Rural Argentina); la
proyectada urbanización de un sector de la playa ferroviaria de
Retiro y la permanente recepción de propuestas de explotación
inmobiliaria sobre cuanto terreno no se encuentre construido
todavía (aún los dedicados a operaciones portuarias).
De las "excepciones", a la Corporación Antiguo Puerto Madero
SA [CAPM SA]
La actual normativa para lotes de más de 2.500 m2, que contempla
la no aplicación de la EIA, tiene su antecedente en las
“excepciones” al CPU y en el desarrollo del emprendimiento
comercial producto de uno de los fraudes más grandes del siglo
XX sobre tierras públicas: la Corporación Antiguo Puerto Madero
SA [CAPM SA]. La transferencia por Decreto de tierras nacionales
a esa empresa, su posterior venta a grupos privados y la
obtención de normativa especial para construir, viola todo el
esquema jurídico vigente.
La costa / los espacios verdes públicos / la vivienda / el
Riachuelo
Esta situación de caos provocado por el incumplimiento de normas
básicas (Constitución Nacional y de la Ciudad, Código Civil), se
da también en la costa porteña, donde muchos sectores, como
Punta Carrasco y Costa Salguero, han sido concesionados y no
tienen acceso público irrestricto; otros, como el Parque
Natural, han sido desnaturalizados groseramente; mientras que,
locales comerciales ilegales, como Pacha, Rodizio y Pizza
Banana, florecen por doquier en un verdadero aquelarre. Sólo se
ha salvado de este proceso –debido a la constante lucha vecinal-
la Reserva Ecológica Costanera Sur [RECS].
Es también la lucha vecinal la que ha logrado la no desaparición
del Parque 3 de Febrero [los Bosques de Palermo], el más antiguo
e importante del país. Los funcionarios, clubes y concesionarios
que lo ocupan y “los inversores” fueron obligados a retroceder
ante un contundente triunfo vecinal que desnudó la apropiación
ilícita de importantes sectores, recuperándolos para el uso
público.
También debemos tener en cuenta que:
- a lo largo del siglo XX los espacios verdes públicos
parquizados han disminuido en más de un 70% en relación a la
cantidad de habitantes (de 7 m2/hab a 2 m2/hab);
- en los últimos cuatro años, en medio de un auge inusitado de
la construcción, la superficie destinada a vivienda “suntuosa”
representa la mayor cantidad de permisos de construcción
demandados; sin embargo, el 10% de la población vive actualmente
en “villas”, otro 10% hacinado y otro 30% en viviendas
obsoletas;
- las empresas instaladas a la vera del Matanza / Riachuelo han
contaminado toda la cuenca. Ni los organismos gubernamentales,
ni las empresas de servicios (estatales o privatizadas) han sido
capaces de frenar esta contaminación extrema y la existencia de
población enferma como consecuencia.
El resto de la Ciudad Metropolitana: el Gran Buenos Aires [GBA]
Paralelamente, el conurbano vive su propio drama.
Durante el siglo XX -hasta aproximadamente la década de 1970- la
especulación inmobiliaria y el “planeamiento urbano” fueron
desarrollados de hecho por los rematadores de tierras: Kanmar,
Vinelli, Lucchetti y otros.
En 1913 se sancionó en la Provincia de Buenos Aires la Ley Nº
3.487, llamada "ley de creación de pueblos". Preveía que de cada
14 manzanas de loteo, la número 15 debía ser área verde
recreativa. La realidad fue que se remataron tierras en
fracciones de 12 o 13 manzanas, sin llegar nunca a la número 15,
resultando así la ausencia casi total de espacios verdes en todo
el territorio del Gran Buenos Aires [GBA]. Las únicas plazas
existentes fueron las originales de cada uno de los municipios
históricos y hasta se construyó sobre ellas (San Martín, San
Isidro). Los grandes parques de la zona sur -el Pereyra Iraola y
los bosques de Ezeiza- son los que dan al conurbano un promedio
de espacios verdes por habitante de 0,90 m2/hab, igual a la
mitad del vigente en la Ciudad.
En la segunda mitad del siglo XX, los alrededores de Buenos
Aires duplicaron su población, pasando de 5 millones a casi 10
millones de habitantes; mientras, la Ciudad, seguía manteniendo
un nivel estable de 3 millones.
Esta gigantesca urbanización con improvisados diseños sin prever
el crecimiento y sin ningún tipo de infraestructura
indispensable (agua corriente, cloacas, electricidad, gas,
asfalto) y sin espacios verdes, también fue “salvaje”, debiendo
los vecinos de cada barrio loteado, organizarse para conseguir
esa infraestructura de servicios y medios de transporte; todo lo
cual era logrado después de grandes esfuerzos.
Ya a finales del siglo pasado comenzó el estallido provocado por
las condiciones de "urbanización y desarrollo" descriptas
anteriormente. Los bonaerenses no sólo se vieron obligados a
usar escuelas, hospitales y plazas y parques de la Cdad de BsAs,
por la inexistencia de estas "comodidades" en sus respectivas
localidades; también a acudir sus trabajos en "la Capital",
viajando en condiciones indignas.
Últimamente, en Vicente López los vecinos organizados han tenido
que defenderse de las excepciones al Código de Ordenamiento
Urbano [COU] -otorgadas por el intendente García y el Concejo
Deliberante- las cuales permiten la edificación en altura en
zonas hasta ahora vedadas y la enajenación de los rellenos sobre
la costa (perdiéndola para su uso público recreativo y
destinándola así a emprendimientos inmobiliarios).
APEVU Asamblea Permanente por los Espacios Verdes
Urbanos
