"Se impone una planificación urbana, que respete las
características de cada barrio"
ParqueChasWeb entrevisto al Doctor Marcelo Capelluto, Procurador
y Docente Universitario en las Materias "Derecho Ambiental"
"Régimen Jurídico de los Residuos Peligrosos" y "Régimen
Jurídico de los Recursos Naturales" de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). También es
Profesor Adjunto en las Facultades de Derecho de las
Universidades Uces- UNLZ- Uflo y el Instituto Universitario de
la Policía Federal Argentina.
Después de que el Jefe de Gobierno porteño firmara el decreto
que suspende por 90 días nuevos permisos para construir
edificios, se alzaron voces en contra y a favor de esta medida.
Los vecinos reclaman audiencias públicas, porque es
imprescindible la participación para armar un proyecto viable de
ciudad.
Las empresas constructoras dicen que el decreto de Telerman trae
inseguridad jurídica, frena el crecimiento de la ciudad e impide
crear fuentes de trabajo.
ParqueChasweb buscó una voz autorizada en el tema, y se contactó
con el Doctor Marcelo Capelluto, abogado ambientalista y vecino
de Parque Chas.
-Doctor, ¿Está de acuerdo con el decreto de Telerman de
frenar los permisos de obras por 90 días?
-Es bueno haber frenado los nuevos permisos para construir por
90 días, y cabe señalar que no se afectaron derechos adquiridos
por las constructoras, dado que esos permisos nunca se
otorgaron.
No se está en contra del progreso y de la construcción de
viviendas, actividad generadora de puestos de trabajo y pilar de
la recuperación económica, pero sí se impone una planificación
urbana, es decir un ordenamiento territorial que respete las
características de cada barrio, sin llegar a vedar las
modificaciones que normalmente pretende realizar cada
propietario dentro de su vivienda, cumpliendo siempre con la
normativa existente.
Un crecimiento sin tener en cuenta al Ambiente, hace más corta
la vida del hombre, y el daño al Ambiente genera perjuicios a su
salud, como ser la propagación de enfermedades.
El crecimiento es bueno, e incluso es considerado como un
requisito para una política Ambiental de éxito, pero teniendo al
vecino como centro de las preocupaciones por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
-En declaraciones al diario Clarín, el subsecretario de
Planeamiento, Mario Sabugo, declaró que "El problema no es de
infraestructura, si alguna zona tiene poca presión o le falta el
gas, habrá que revisar puntualmente cada caso. Echarle la culpa
a la edificación, que está permitida dentro de la normativa
actual, es hacer terrorismo urbano", ¿Qué opina de estas
expresiones?
-La problemática actual no surge de una planificación, sino
surge de una especulación constructora e inmobiliaria, que están
cercando a los barrios de casas bajas con la construcción de
torres y edificios, atentando contra la fisonomía de los
barrios, y su patrimonio histórico y cultural.
No hay evaluaciones de impacto ambiental serias, dado que es
imposible que se hayan otorgado tantos permisos en el norte de
la Ciudad en tan poco tiempo, sin tener en cuenta a la población
residente, es decir al vecino.
El impacto ambiental de las nuevas construcciones es desastroso;
se derrumban casas típicas con jardines para levantar edificios
gigantescos que perjudican a las construcciones bajas
existentes, tapando el sol, invadiendo la privacidad, y desde ya
generando problemas en la infraestructura de servicios, ya sea
primero la escasez y luego colapso de servicios públicos
esenciales como ser agua, cloacas, el sistema pluvial, luz, gas,
problemas de saneamiento ambiental dada especialmente con la
generación de mayores cantidades de residuos, el deterioro del
suelo, mayor circulación de vehículos que ocasionaría mayor
polución ambiental y contaminación visual y sonora, todo ello
afectando la calidad de vida de los residentes porteños.
No es terrorismo urbano, defender nuestro hábitat, y desde ya
quién otorgue estos permisos debe responder judicialmente por
los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar. Recientemente
el Juez Juan Cataldo hizo lugar a una acción de amparo
presentada por vecinos que se oponen a la construcción de un
edificio de 9 pisos en la calle El Salvador al 6000 del barrio
de Palermo, ordenándole al Gobierno de la Ciudad que no otorgue
permisos a las obras que no se adecuen a la fisonomía
tradicional del barrio.
La Jueza Alejandra Petrella le impidió a la Ciudad otorgar
nuevos permisos en 16 manzanas del barrio de Caballito, entre
las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza, y Gaona. Los
jueces se están pronunciando a favor del vecino, ahora le toca a
los otros poderes del Estado.
-¿Qué normativa sobre este tema debería contener el Plan
Urbano Ambiental (PUA)?
-No soy arquitecto, soy abogado, y creo que se hace necesario un
serio debate para analizar como debe ser nuestra Ciudad de
Buenos Aires, con audiencias públicas vinculantes, donde puedan
participar los inversionistas, las cámaras constructoras e
inmobiliarias, los legisladores, las autoridades del Ejecutivo
de la Ciudad y desde ya fundamentalmente quienes vivimos en esta
ciudad, es decir sus vecinos, y luego esto quede reflejado en el
proyecto del nuevo "Plan Urbano Ambiental"-donde se contempla el
código de planeamiento y el de edificación- que el Ejecutivo
porteño debe enviar a la Legislatura para su tratamiento.
-Usted expresó que hay que concientizar a los legisladores
del problema, ¿Quién se debería ocupar de esta tarea?
-Sólo se puede concientizar a los legisladores si participan
junto a los vecinos en los foros de discusión vecinal, con
participación de ONGs y asociaciones civiles, que aglutinen los
pedidos de los vecinos, y así los representantes se hagan eco de
las necesidades de sus representados.
-¿Cómo se combate la presión de las empresas constructoras?
-Las autoridades deben impulsar y endurecer la fiscalización y
control de las obras empezadas, y sancionar con importes
pecuniariamente importantes a aquellas constructoras que se
aparten de las leyes, mientan o adulteren los estudios
ambientales presentados, para evitar daños ambientales
posteriores, dado que cuando se produce un daño es muy difícil
volver las cosas al estado anterior.
El Estado debe regular los intereses del vecino y el de los
inversores, para que no se superpongan entre sí, afectando
seriamente a una de las partes, y esto es a través del Plan
Urbano Ambiental, que la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece como marco en el artículo 27, donde dice:
"La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de
planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las
políticas de desarrollo económico, social y cultural".
Este mismo artículo promueve la preservación y restauración del
patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, y de la calidad
visual y sonora, la regulación de los usos del suelo, la
localización de las construcciones, las condiciones de
habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, sea este
público o privado, entre otros tópicos.
Estas políticas constituyen los ejes del Derecho de Desarrollo
Sustentable, es decir el económico, el sociocultural y el
ecológico o Ambiental. El Derecho de Desarrollo Sustentable
significa satisfacer nuestras necesidades presentes pero sin
comprometer a las generaciones futuras.
